Novedades del BOE del 18 de noviembre de 2026: 6 claves
Novedades del BOE del 18 de noviembre de 2026: cambios laborales, fiscalidad y ayudas
El BOE número 287, publicado el 18 de noviembre de 2026, contiene importantes modificaciones de la legislación laboral, nuevas medidas fiscales relacionadas con el salario mínimo interprofesional de 2027 y varias convocatorias de subvenciones con plazo de presentación abierto.
Entre las novedades destacan los nuevos derechos de información retributiva, las obligaciones de transparencia salarial, una convocatoria estatal de formación dotada con 250 millones de euros y dos programas educativos destinados a centros sostenidos con fondos públicos. También se actualiza la financiación de las administraciones territoriales y se publica un acuerdo de transporte aéreo entre España y Uruguay.
Novedades del BOE del 18 de noviembre de 2026: panorama general
De las doce entradas recibidas, seis corresponden a disposiciones diferentes. Los principales asuntos se distribuyen entre dos reales decretos-leyes, tres convocatorias de subvenciones y un acuerdo internacional.
- Reforma laboral: transparencia salarial, contratos y derechos de información.
- Centros de Educación Ambiental: solicitudes hasta el 3 de diciembre.
- Pueblos Abandonados: solicitudes hasta el 4 de diciembre.
- Formación para personas ocupadas: 250 millones de euros.
- IRPF de 2027, financiación territorial y medidas económicas.
- Transporte aéreo entre España y Uruguay.
Reforma laboral: nuevas obligaciones sobre salarios, contratación, información y estabilidad en el empleo
Referencia: BOE-A-2026-24121. Norma: Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre. Publicación: 18 de noviembre de 2026. Entrada en vigor: 19 de noviembre de 2026. Ámbito: estatal.
Esta reforma introduce modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva, la Ley 3/2023 de Empleo y el Real Decreto 723/2026 sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. También modifica la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y la Ley de Contratos del Sector Público.
Su finalidad es reforzar la información disponible para las personas trabajadoras, regular determinadas condiciones de contratación y desarrollar mecanismos de transparencia retributiva entre mujeres y hombres. Las obligaciones afectan de manera diferente a las empresas según su tamaño y las circunstancias previstas en cada artículo.
Ofertas de empleo y transparencia salarial. Las ofertas deberán indicar la retribución inicial del puesto, determinada conforme a criterios objetivos y neutros respecto del género, e identificar el convenio colectivo aplicable. Las empresas y los intermediarios de empleo no podrán preguntar a las personas candidatas por las retribuciones que perciben o hayan percibido en relaciones laborales anteriores.
Los anuncios y denominaciones de puestos deberán emplear formulaciones neutras respecto del género y ofrecer información accesible para personas con discapacidad. La exigencia de igualdad de trato se extiende a procesos de contratación que utilicen sistemas automáticos o algorítmicos.
Información al comenzar y modificar una relación laboral. El artículo 8.5 del Estatuto de los Trabajadores obliga a informar por escrito a la persona trabajadora y a su representación legal de los elementos esenciales de la relación laboral, tanto en su inicio como cuando se modifiquen, si no figuran ya en el contrato escrito. Los términos y plazos concretos se conectan con su desarrollo reglamentario.
Para relaciones laborales de duración inferior a cuatro semanas que ya estén vigentes al entrar en vigor la reforma, se establece una disposición transitoria: cuando la información no se haya proporcionado previamente y sea solicitada, deberá facilitarse en un máximo de diez días hábiles desde la recepción de la solicitud.
Jornada parcial y horas complementarias. La conversión entre jornada completa y parcial sigue siendo voluntaria y no puede imponerse unilateralmente. En las horas complementarias pactadas se exige un preaviso mínimo de tres días, salvo que el convenio colectivo establezca uno inferior. Si no se respeta, la persona trabajadora puede rechazar la tarea sin consecuencias desfavorables. Si la empresa cancela total o parcialmente las horas previstas, se conserva el derecho a su remuneración.
Periodos de prueba. Se actualiza la regulación del artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores. Los límites generales son seis meses para personal técnico titulado y dos meses para las demás personas trabajadoras, con un máximo de tres meses para estas últimas en empresas de menos de 25 personas. En contratos temporales de duración igual o superior a seis meses, el límite es de un mes; para los inferiores a seis meses, se reduce proporcionalmente. La norma contempla las excepciones justificadas en convenio colectivo bajo las condiciones previstas.
Pluriempleo y acceso a puestos más estables. Se limita la posibilidad de prohibir el trabajo para otras empresas, salvo incompatibilidades justificadas por motivos objetivos y sin perjuicio de los pactos de plena dedicación compensados económicamente. El nuevo artículo 21 bis permite solicitar la transición a puestos vacantes con mayor estabilidad o previsibilidad, incluidas determinadas conversiones de contratos temporales, fijos-discontinuos o de jornada parcial.
La empresa deberá responder de forma motivada y por escrito, generalmente en un plazo máximo de un mes. En empresas de hasta diez personas trabajadoras el plazo se amplía a tres meses. También debe comunicarse la existencia de las vacantes correspondientes. Para algunos supuestos de transición a condiciones más estables, la norma exige una antigüedad mínima de seis meses.
Registro y transparencia retributiva. Todas las empresas deben contar con un registro que incluya los valores medios y las medianas de las retribuciones, desglosados por sexo, conceptos y clasificación profesional. La nueva regulación precisa su contenido en cómputo anual y por hora de trabajo, incorpora medidas de protección de datos y establece la conservación del registro y su documentación de soporte durante cuatro años.
La representación legal deberá ser consultada con al menos diez días de antelación a la elaboración o modificación del registro. Cuando no exista representación, la información del registro que se facilite a las personas trabajadoras se limita a las diferencias porcentuales correspondientes, en los términos establecidos por la norma.
Diferencias salariales que requieren justificación. El Estatuto de los Trabajadores contempla que, en empresas de al menos 50 personas, una diferencia media de retribución de al menos el 25 % entre sexos deba justificarse en el registro. Para empresas de 100 o más personas, el umbral de justificación se reduce al 5 %. La existencia de una diferencia porcentual no equivale por sí sola a una declaración de discriminación: deben examinarse las circunstancias y los criterios objetivos aplicables.
Derecho individual de información salarial. Las personas trabajadoras podrán solicitar por escrito información sobre su remuneración individual y las retribuciones medias de quienes realizan trabajos iguales o de igual valor, desglosadas por sexo, conceptos retributivos y unidades de tiempo. La empresa dispone de un máximo de dos meses para contestar. Si se solicitan aclaraciones sobre información incompleta o inexacta, deberá ofrecer una respuesta motivada en quince días.
La plantilla deberá recibir al menos una comunicación anual sobre este derecho y la manera de ejercerlo. También podrán solicitar información las personas que hayan dejado la empresa, respecto de su relación laboral anterior, durante el año siguiente al cese.
Información periódica sobre brecha salarial. Las empresas de 250 o más personas deberán facilitar determinados indicadores de brecha retributiva anualmente, mientras que las de 50 a 249 personas lo harán cada tres años. La norma establece fechas diferenciadas para el primer envío: antes del 8 de junio de 2027 para empresas de al menos 150 personas y antes del 8 de junio de 2031 para las de entre 50 y 149.
Las auditorías retributivas deberán examinar, entre otros elementos, información de los últimos tres años y disponer de planes para corregir desigualdades injustificadas. Cuando se detecten diferencias que requieran corrección, el plazo máximo previsto es de seis meses. Las auditorías incorporadas a planes de igualdad vigentes conservan su validez hasta que deban revisarse o concluya su periodo de vigencia.
Inspección, sanciones y contratación pública. Se modifican tipos de infracción relativos a obligaciones de información, registros retributivos, transparencia y represalias frente a reclamaciones laborales. En contratación pública, los órganos de contratación deberán incorporar previsiones sobre igualdad retributiva en los pliegos y podrán establecer penalidades y, en determinados supuestos graves o reiterados, tramitar la resolución contractual con las garantías exigidas.
La reforma también crea una Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva y prevé instrumentos de apoyo técnico para pequeñas y medianas empresas. Se trata de un cambio de amplio alcance laboral, con obligaciones inmediatas y otras cuyo primer cumplimiento periódico se difiere a los años expresamente indicados.
Centros de Educación Ambiental: ayudas de 247.315,50 euros y solicitudes hasta el 3 de diciembre
Referencia: BOE-B-2026-37945. Resolución: 16 de noviembre de 2026. Publicación: 18 de noviembre de 2026. Organismo: Secretaría de Estado de Educación. BDNS: 942473.
Se convocan ayudas en régimen de concurrencia competitiva para participar en el programa nacional «Centros de Educación Ambiental» durante 2027. Los beneficiarios son centros docentes españoles sostenidos con fondos públicos, y las actividades se dirigen al alumnado de enseñanzas no universitarias.
El programa se desarrolla en los centros de Viérnoles, Cantabria, y Villardeciervos, Zamora. Su finalidad es complementar la formación ambiental mediante actividades educativas y experiencias relacionadas con el entorno, la sostenibilidad y el conocimiento del medio.
La convocatoria establece dieciséis turnos, distribuidos en dos periodos: ocho semanas de primavera, entre el 5 de abril y el 28 de mayo de 2027, y ocho semanas de otoño, entre el 20 de septiembre y el 12 de noviembre de 2027.
El presupuesto conjunto asciende a 247.315,50 euros. Esta cantidad corresponde a toda la convocatoria y no debe interpretarse como importe individual por centro participante.
Plazo de solicitud: desde el 19 de noviembre de 2026 hasta el 3 de diciembre de 2026, a las 12:00 horas del mediodía, hora peninsular. Las condiciones completas de participación, documentación y valoración deben comprobarse en la convocatoria identificada con BDNS 942473. Las bases generales corresponden a la Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril.
Pueblos Abandonados 2027: ayudas para actividades educativas en Búbal, Granadilla y Umbralejo
Referencia: BOE-B-2026-37946. Resolución: 16 de noviembre de 2026. Publicación: 18 de noviembre de 2026. Organismo: Secretaría de Estado de Educación. BDNS: 942475.
El programa nacional «Recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados» convoca ayudas para que centros docentes españoles sostenidos con fondos públicos participen en actividades educativas en tres enclaves rurales tradicionales: Búbal, en Aragón; Granadilla, en Cáceres; y Umbralejo, en Guadalajara.
La iniciativa pretende facilitar el conocimiento del entorno rural y promover actividades que permitan reflexionar sobre la relación entre las personas, los recursos naturales, las formas de vida tradicionales y la sostenibilidad ambiental.
En Granadilla y Umbralejo se prevén dieciséis semanas de actividad: ocho entre el 4 de abril y el 29 de mayo de 2027, y otras ocho entre el 19 de septiembre y el 13 de noviembre de 2027.
En Búbal se programan diez semanas: seis entre el 18 de abril y el 28 de mayo de 2027, y cuatro entre el 19 de septiembre y el 15 de octubre de 2027. Estos calendarios corresponden a la ejecución del programa, no a los plazos de solicitud.
El crédito total de la convocatoria es de 507.006,89 euros. La concesión se realiza mediante concurrencia competitiva y se rige por las bases generales de la Orden ECI/1305/2005, además de las disposiciones sobre subvenciones públicas aplicables.
Plazo de solicitud: desde el 19 de noviembre de 2026 hasta el 4 de diciembre de 2026, a las 12:00 horas, hora peninsular. Los requisitos específicos de grupos participantes, documentación y selección deben verificarse en el texto completo de la convocatoria BDNS 942475.
El SEPE convoca 250 millones de euros para programas estatales de formación de personas ocupadas
Referencia: BOE-B-2026-37947. Resolución: 17 de noviembre de 2026. Publicación: 18 de noviembre de 2026. Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal. BDNS: 942560.
El Servicio Público de Empleo Estatal abre una convocatoria de subvenciones, mediante tramitación anticipada y concurrencia competitiva, para financiar programas de formación de ámbito estatal dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas. Su objetivo es facilitar la adquisición y mejora de competencias profesionales.
La dotación asciende a 250.000.000 de euros, repartidos entre 200 millones para 2027 y 50 millones para 2028. La concesión queda condicionada a la vigencia y suficiencia del crédito presupuestario correspondiente.
Podrán solicitar estas subvenciones las entidades de formación, públicas o privadas, inscritas en el registro correspondiente y con presencia en más de una comunidad autónoma; las empresas inscritas que cuenten con instalaciones adecuadas para impartir las especialidades solicitadas en al menos dos comunidades; y las agrupaciones contempladas en el artículo 6.2 de la Orden TMS/368/2019 que tengan presencia supraautonómica.
La convocatoria contempla cuatro clases de programas: formación habilitante o capacitadora; formación sectorial específica de especial interés; otras acciones de formación específica sectorial; y formación transversal, incluidas competencias para personas autónomas y para quienes trabajan o son socias de la economía social.
Es importante distinguir entre las entidades que pueden recibir la subvención para impartir los programas y las personas ocupadas a las que se dirige la formación. El anuncio no concede directamente 250 millones a trabajadores individuales.
Plazo de solicitud: veinte días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación del extracto. La tramitación se realizará electrónicamente mediante la aplicación disponible en FUNDAE. La valoración seguirá los criterios de la convocatoria y su anexo VI, dentro del marco regulador establecido por la Orden TMS/368/2019 y sus modificaciones posteriores.
IRPF de 2027, financiación autonómica y local, Ceuta y ayudas directas a Canarias y El Hierro
Referencia: BOE-A-2026-24120. Norma: Real Decreto-ley 38/2026, de 17 de noviembre. Publicación: 18 de noviembre de 2026. Entrada en vigor general: 19 de noviembre de 2026, excepto el capítulo I, vigente desde el 1 de enero de 2027.
Este real decreto-ley contiene medidas de distinta naturaleza. Aunque su título destaca la financiación territorial y la tributación del salario mínimo interprofesional, también incluye medidas para Ceuta, subvenciones directas a Canarias y al Cabildo de El Hierro y una corrección presupuestaria relativa al sistema de dependencia.
IRPF y salario mínimo de 2027. La norma modifica la Ley del IRPF y su reglamento con efectos desde el 1 de enero de 2027. Introduce una deducción para determinados rendimientos del trabajo inferiores a 23.171,89 euros anuales, siempre que las restantes rentas no exentas distintas de esos rendimientos no superen 6.500 euros.
Para rendimientos íntegros del trabajo iguales o inferiores a 18.004 euros anuales, la deducción prevista alcanza 1.033,58 euros, con el límite de cuota establecido legalmente. Entre 18.004 euros y 23.171,89 euros, la deducción disminuye mediante la fórmula prevista en la norma. También se modifica el cálculo de las retenciones para trasladar el mecanismo al cobro de las retribuciones.
La finalidad es evitar que los perceptores del salario mínimo interprofesional de 2027 soporten tributación efectiva por este concepto en los términos establecidos. El real decreto-ley no fija por sí mismo la cuantía del salario mínimo de 2027; regula las medidas fiscales aplicables y sus límites.
Entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales. Ante una posible prórroga presupuestaria, se actualizan las reglas para calcular los recursos transferidos durante 2027 a las comunidades autónomas de régimen común, las ciudades con estatuto de autonomía y las entidades locales. Se toman como referencia previsiones de ingresos tributarios estatales y se habilitan suplementos de crédito para financiar dichas entregas.
Son reglas de financiación entre administraciones: las cantidades de las tablas presupuestarias no constituyen subvenciones abiertas a ciudadanos o empresas. Las medidas del capítulo I comenzarán a regir el 1 de enero de 2027, con el régimen temporal indicado hasta la aprobación de los presupuestos estatales de ese ejercicio.
Destino del superávit de las comunidades autónomas. Las comunidades que cumplan los requisitos de estabilidad y pago a proveedores podrán destinar su superávit de 2026 a inversiones financieramente sostenibles durante 2027 y 2028. Entre los criterios figuran el ahorro futuro, la eficiencia energética y los efectos favorables sobre el cambio climático. La norma incluye expresamente la inversión en vivienda social y asequible y en vivienda de protección pública permanente.
Los proyectos deberán iniciarse antes del 31 de diciembre de 2028. En las condiciones excepcionales contempladas puede extenderse a 2029 el reconocimiento de determinadas obligaciones pendientes. Se establecen controles de intervención y certificaciones ante Hacienda. En las entidades locales, se prorrogan para 2027 las reglas especiales de utilización del superávit de 2026, con posibilidad condicionada de completar inversiones en 2028.
Plan Ceuta Exporta. Se modifica el artículo 15 del Real Decreto-ley 22/2026 para precisar sus actuaciones: acompañamiento individualizado a las 100 empresas que hayan exportado desde Ceuta durante los últimos cinco años, una jornada de promoción exterior, ayudas para formación en internacionalización de residentes en Ceuta y exención de cuotas para empresas con sede social o fiscal en la ciudad que participen en determinadas actividades de ICEX. El plan se ejecutará hasta el 31 de diciembre de 2027.
Subvenciones directas a Canarias y El Hierro. Se conceden a la Comunidad Autónoma de Canarias 2,7 millones de euros para gastos sanitarios extraordinarios derivados de la crisis migratoria del otoño de 2026 en El Hierro y 300.000 euros para reparar infraestructuras portuarias en La Restinga. Por separado, se conceden 2 millones de euros directamente al Cabildo Insular de El Hierro para gastos extraordinarios de carácter social y económico relacionados con esa crisis.
Se trata de subvenciones directas a administraciones públicas identificadas, no de convocatorias competitivas abiertas a solicitudes de particulares.
Dependencia. La disposición final primera modifica dos referencias presupuestarias del Real Decreto-ley 36/2026 para consignar 3.823.252,02 miles de euros en partidas relacionadas con el mínimo garantizado de atención a la dependencia. Es una modificación presupuestaria concreta y no supone por sí sola la aprobación de una nueva prestación individual.
España y Uruguay: el nuevo acuerdo de transporte aéreo entra en vigor el 27 de noviembre
Referencia: BOE-A-2026-24122. Acuerdo: firmado en Kuala Lumpur el 22 de octubre de 2024. Publicación: 18 de noviembre de 2026. Entrada en vigor: 27 de noviembre de 2026. Ámbito: transporte aéreo internacional entre España y Uruguay.
El acuerdo regula el marco jurídico para la explotación de servicios aéreos regulares por las compañías designadas por ambos países. Contempla procedimientos de autorización, derechos de tráfico aéreo, condiciones comerciales, tarifas, seguridad operacional, control de aeronaves y reconocimiento de determinados certificados y licencias.
Las compañías designadas podrán operar en las rutas recogidas en el anexo, con derechos de tercera y cuarta libertad para determinados servicios y de quinta libertad en itinerarios especificados. Para estas últimas operaciones se incluyen puntos intermedios como Río de Janeiro, São Paulo, Asunción, Buenos Aires y otros lugares establecidos en el cuadro de rutas, sujetos a las autorizaciones y derechos correspondientes.
El texto permite acuerdos comerciales de cooperación y código compartido entre compañías que dispongan de los derechos necesarios. Estos acuerdos y sus programas de operación deberán presentarse ante las autoridades aeronáuticas correspondientes con al menos treinta días de antelación a la fecha prevista para iniciar las operaciones.
También regula exenciones fiscales y aduaneras para determinados equipos y suministros utilizados en servicios internacionales, condiciones de venta de billetes, asistencia en tierra, transferencia de ingresos y mecanismos de cooperación en seguridad.
La entrada en vigor del acuerdo el 27 de noviembre de 2026 establece el marco bilateral aplicable. No equivale al anuncio de nuevas rutas comerciales concretas ni garantiza que una compañía vaya a iniciar vuelos adicionales en una fecha determinada.
Resumen de las principales novedades
- 19 de noviembre: entra en vigor la reforma laboral sobre condiciones transparentes, información retributiva, contratación y derechos de las personas trabajadoras.
- 3 de diciembre, a las 12:00: termina el plazo de las ayudas de Centros de Educación Ambiental, con 247.315,50 euros de dotación.
- 4 de diciembre, a las 12:00: finaliza la solicitud del programa Pueblos Abandonados, dotado con 507.006,89 euros.
- Formación laboral: el SEPE convoca 250 millones de euros para programas estatales dirigidos prioritariamente a personas ocupadas, con veinte días hábiles para solicitar.
- Fiscalidad y financiación: el Real Decreto-ley 38/2026 modifica el tratamiento fiscal de determinados rendimientos laborales desde 2027, regula transferencias territoriales y concede ayudas directas a Canarias y El Hierro.
- 27 de noviembre: entra en vigor el acuerdo bilateral de transporte aéreo entre España y Uruguay.
El BOE del 18 de noviembre combina reformas normativas de amplio alcance, convocatorias con plazos próximos y medidas de financiación pública. La diferencia entre entrada en vigor, aplicación futura, solicitud de ayudas y concesión directa resulta fundamental para interpretar correctamente estas seis publicaciones.
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